El Perú es un país minero por excelencia y esta es, sin duda, la actividad económica que mayores divisas puede aportar al desarrollo nacional. Eso fue lo que en síntesis dijo la primera ministra Mercedes Aráoz durante la clausura de la Convención Minera en Arequipa y donde el Ejecutivo, a través de las titulares de diversas carteras ministeriales, dejó en claro el apoyo a la actividad minera responsable y sostenida, que aporte no solo económicamente al país, sino también a la protección del medio ambiente y el desarrollo social de las comunidades donde tiene influencia. Parece una utopía; sin embargo, es real. El Perú es uno de los países con mayor regulación para actividades extractivas y ahora, con una nueva política de impulso a la actividad, se asegura la aligación de trámites que den paso a nuevos proyectos que, en cartera, suman más de 50 mil millones de dólares. Un par de datos importantes aportados en la cita minera fueron que el 14% del territorio nacional está comprendido en concesiones mineras y que el 79% de los peruanos considera conveniente que se desarrollen los proyectos mineros. No obstante, la parte delicada sigue siendo la percepción de la población, que estima que la minería es altamente contaminante. La tarea del Estado es precisamente afianzar las acciones que ayuden a que las empresas mineras tiendan puentes de diálogo con las comunidades e informen sobre los procesos a seguir y su metodología para la protección del medio ambiente.