Harina y saborizantes de coca

Javier Trujillo
Luego de que el miércoles, la Comisión de Defensa del Congreso aprobó un proyecto de ley impulsado por el Partido Nacionalista Peruano, para autorizar la transformación y comercialización de la hoja de coca como harina y saborizante para el consumo humano, se genera un nuevo debate sobre este producto histórico y cultural para el Perú, que tiene muchas bondades y beneficios alimenticios, pero desgraciadamente su uso prioritario está direccionado al narcotráfico por las grandes ilícitas ganancias que genera y que nadie, ni ley alguna, ni alternativas dadas, podrán cambiar ese uso.
El texto del documento, entre otros señala que la transformación de la hoja en harina, es para fines comerciales e industriales, siempre que no pueda ser recuperada económicamente para producir estupefacientes; y propone que la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) mantenga actualizado el Registro Único de Productores de Hoja de Coca y autorice el funcionamiento de las plantas de transformación.
Hay una iniciativa de antigua data, registrada en diferentes escritos que está vinculado a promover la legalización del cultivo. La autora es nada menos que la ex dirigente cocalera, congresista Nancy Obregón, y su presentación se da en los precisos momentos que el jefe de Devida, Rómulo Pizarrro, sustentaba en Viena para que la coca figure en la lista de productos controlados.
El principal sustento de la congresista Obregón, es que la medida contribuirá a acabar con el narcotráfico, porque se fomentará el comercio legal de la hoja de coca. Fundamento más lejos de la realidad porque la economía movida por el narcotráfico, es imposible de combatir con leyes o con alternativas que no tienen mayor apoyo ni experiencia en el mercado, como es la venta de harina o saborizantes, que sí se pueden producir y vender con los cuidados correspondiente sin necesidad de una ley, no hay impedimentos, siempre en cuando no atenten contra la salud.
Lo que se necesita para ayudar a combatir el narcotráfico, es una estrategia integral con la participación de las instituciones públicas y de la propia sociedad civil, buscando resultados concretos, que debe incluir las acciones de interdicción y la presencia efectiva del Estado en las zonas cocaleras, para lograr una sostenible economía sustentada en actividades lícitas; la que puede partir, por ejemplo, atendiendo el planteamiento trabajado por la Universidad Agraria de la Selva con participación de los dirigentes cocaleros. Lamentablemente las políticas del gobierno no logran fortaleza hasta el momento para atender este problema.