Hace poco extorsionadores balearon a un transportista y a su bebé. Esto que antes era un horror y generaba indignación, hoy es toda una tradición. El país se está acostumbrando al terror y el gobierno sigue sin respuestas efectivas. Ya se registraron 392 homicidios desde que Keiko Fujimori juró como presidenta. Pero ella no es la única responsable, también están el Congreso y el Poder Judicial.

El Parlamento debe actuar con sentido de urgencia y responsabilidad ante la crisis. El debate y la fiscalización son necesarios, pero no deberían convertirse en pretextos para postergar medidas que requieren atención urgente.

Por otro lado, algunas decisiones judiciales terminan alimentando la indignación ciudadana. hace pocos meses un juez rechazó el pedido de prisión preventiva contra 11 presuntos integrantes de la organización criminal “Los Despiadados de Ancón II”, investigados por extorsionar a transportistas de Lima Norte. La Policía y la Fiscalía habían reunido interceptaciones telefónicas y otros elementos durante una investigación prolongada; sin embargo, el magistrado consideró que no correspondía imponerles esa medida. La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿está el Estado haciendo lo suficiente para evitar que quienes son investigados por delitos graves vuelvan a amenazar a sus posibles víctimas?

El país necesita menos reproches cruzados y más coordinación entre Policía, Fiscalía, jueces, sistema penitenciario y autoridades políticas. La seguridad se mide por la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar conforme a la ley, proteger a las víctimas y evitar que el delito siga encontrando espacios para prosperar.

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