Opinión

Hay que eliminar la declaratoria de guerra de la Constitución de 1993

​Ahora que los peruanos hemos puesto el ojo a la Constitución Política, buscando reformas o modificaciones a la luz de las pertinentes formulaciones hechas por el presidente Martín Vizcarra, propongo que el Congreso de la República aproveche esta circunstancia para eliminar el numeral 16 del artículo 118°

12 de Agosto del 2018 - 10:41 Miguel Ángel Rodríguez Mackay

Ahora que los peruanos hemos puesto el ojo a la Constitución Política, buscando reformas o modificaciones a la luz de las pertinentes formulaciones hechas por el presidente Martín Vizcarra, propongo que el Congreso de la República aproveche esta circunstancia para eliminar el numeral 16 del artículo 118°, referido al atributo del Mandatario de turno para “Declarar la guerra y firmar la paz…”. Lo voy a explicar. No es correcto y no es propio del derecho internacional (DI) contemporáneo afirmar que exista una declaratoria de guerra, es decir, señalarla formalmente como si el derecho la avalara. No. Luego de las dos guerras mundiales (1914-1919 y 1939-1945), el mundo decidió proscribir el uso de la fuerza como método válido para el arreglo de los conflictos armados superponiéndose en cambio, de manera totalizadora, el principio de solución pacífica de controversias, que se convirtió en adelante, en una obligación para los Estados y para los demás sujetos del DI.

El arreglo pacífico, desde entonces, es considerado como un imperativo categórico de cumplimiento obligatorio, donde no existe ninguna otra posibilidad para la solución de las diferencias que no sea por el camino de la paz. De allí que la Carta de San Francisco (1945) consagró como uno de los propósitos centrales de las Naciones Unidas: “Mantener la paz…” (Art. 1). A partir de ese instante, la paz se convirtió en un concepto jurídico y garantista, y la idea de la guerra fue erradicada del DI. Por esa razón es insostenible que se pueda declarar formal o fácticamente la guerra, pues colisiona notablemente con la paz normativizada, cuya fuerza vinculante u obligatoria es erga omnes, es decir, para todos, sin exclusión. La única excepción que permite el uso de la fuerza en el DI, además de la seguridad colectiva o el incumplimiento de los fallos de la Corte Internacional de Justicia, es la legítima defensa, que son presupuestos jurídicos totalmente distintos de la declaratoria de guerra. Diversas Constituciones del mundo como la peruana, entonces, deben corregir sus redacciones, pues la declaratoria de guerra es incompatible con el principio de la solución pacífica de las controversias.

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