Héctor Becerril y la impunidad

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República acordó, por unanimidad, abrir indagación preliminar contra el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril por presuntamente haber recibido sobornos a cambio de favorecer a una empresa para que mantenga la adjudicación de obras públicas en la ciudad de Chiclayo.

Sin embargo, no es la primera vez que el referido congresista se ve involucrado en actos de corrupción, como cuando fue acusado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por presuntamente haber influenciado en las elecciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el 2017, siendo blindado con los votos del APRA y Fuerza Popular para no ser acusado.

De igual forma, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Feccor) de Lambayeque viene investigándolo a él y a sus hermanos por presuntamente pertenecer a la organización criminal “Los Temerarios del Crimen“, red de corrupción que operaría en Chiclayo, entre otras denuncias.

El desprestigio del Congreso se debe en parte a que existen diversos personajes que han llegado al Legislativo en busca de impunidad, para que sus procesos judiciales se cubran con el manto de la “inmunidad parlamentaria” y luego sean blindados por sus grupos parlamentarios y no permitan que el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan con su trabajo.

El congresista Héctor Becerril debería, por cuenta propia, solicitar que se le levante la inmunidad parlamentaria para que sea investigado sin ninguna limitación por la Fiscalía y así esclarecer los hechos que se le imputan. Por eso, insistimos en nuestra propuesta de que es necesario que se regule la inmunidad parlamentaria para que sea la Corte Suprema la que se encargue de levantarla y no el Congreso.

Inmunidad no puede ser impunidad.