Se pregunta el escritor G. K. Chesterton, en Las paradojas de Mr. Pond: “Quién decide cuando los médicos no están de acuerdo?”. En nuestro caso, todos los estudiosos del funcionamiento del Estado, analistas, políticos y ciudadanos, estamos de acuerdo en algo: en el Perú hay un aumento absolutamente desproporcionado de burocracia estatal que debe reducirse de manera significativa. Son reveladoras las palabras del presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, cuando sustenta que “en estructura presupuestal, el gasto corriente desplaza a la inversión en un juego de suma fija: 7 de cada 10 soles se gastan en mantener a burócratas, mientras la tasa de ejecución de inversión pública en los gobiernos subnacionales ronda vergonzosa y tristemente un 60-70%, no por falta de dinero, sino por exceso de trámites y burocracia”. El principio que orienta al Estado sobre su contracción o expansión es el rol subsidiario del Estado (regulado en el artículo 60 de nuestra Constitución). Este principio defiende que el Estado no debe tener un rol protagónico en la economía, ni tener una burocracia estatal sobredimensionada, ni debe asfixiar con excesivos impuestos o regulaciones interminables. La incomprensión e incorrecta aplicación del principio de subsidiariedad del Estado lleva a la organización estatal a hacerse cargo de todas las necesidades, convirtiendo al Estado en la gran inteligencia planificadora que se arroga la facultad de dirigir todo, y como es natural, para cumplir su gigantesco plan, debe recurrir al ensanchamiento gradual del aparato burocrático estatal y a la imposición de nuevas cargas tributarias que afectan a los ciudadanos contribuyentes.

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