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¿Se han dado cuenta que en estas últimas semanas la Contraloría ha detectado varias presuntas irregularidades en las pocas obras de la reconstrucción y rehabilitación? Siendo así, tampoco entiendo por qué si hay tantas advertencias, las autoridades responsables han continuado como si nada pasara.

En varias regiones, el personal del órgano de control ha advertido que algunas de las licitaciones, las adjudicaciones, la descolmatación de ríos y los proyectos en ejecución están presentado fallas que pueden perjudicar a los ciudadanos y al Estado. En contraparte, estas fases de las obras benefician a algunos empresarios agrupados en consorcios.

Se entiende que la función de la Contraloría es recomendar; es como el padre que le dice al hijo que no se meta en tonterías porque su decisión le puede costar caro en un futuro. ¿Por qué algunas autoridades se mofan del papel y deciden seguir adelante? Eso no me cabe en la cabeza. Sin embargo, tengo algunas hipótesis:

Primero, “hecha la ley, hecha la trampa”. Las autoridades saben que la responsabilidad recae más en sus funcionarios que en ellas, por lo que al seguir en sus trece no corren el riesgo de ser denunciadas.

Segundo, es un compromiso pactado. Los responsables de los gobiernos regionales y alcaldías que convocan a los postores para las obras pueden que estén comprometidos con los ganadores y temen que se caiga el acuerdo; así que deciden hacerse los sordos y echar al tacho las recomendaciones de Contraloría.

Tercero, las autoridades saben que hacerle caso al órgano de control es aceptar su ineficiencia, paralizar las obras y verse envueltas en trámites de conciliación con los proveedores, por lo que deciden seguir con el proceso y comerse el sapo una vez culminado todo.

Escojan ustedes, yo me inclino por la segunda opción, en algunos casos. Es lo malo de la emergencia.