Opinión

Historias de otorongos

COLUMNA: IVÁN SLOCOVICH

17 de Septiembre del 2018 - 07:30 IVÁN SLOCOVICH PARDO

Si el actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quiere marcar una diferencia con respecto a sus antecesores, desde acá le doy un sano consejo: exija que de inmediato se atiendan y resuelvan los cuatro pedidos pendientes de levantamiento de inmunidad parlamentaria efectuados por la Corte Suprema de Justicia contra igual número de legisladores, a fin de que puedan responder ante un juez de la misma manera como lo debemos hacer los ciudadanos de a pie.

En los dos últimos años, el Poder Judicial ha hecho seis pedidos de levantamiento de inmunidad, de los cuales solo dos ya han sido resueltos. Son los casos del suertudo Richard Acuña (APP), quien inexplicablemente se salvó de ser procesado por una falsificación de firmas por la que sí se viene juzgando a su hermana en Trujillo; y el de Benicio Ríos, de la misma agrupación, quien incluso ya fue retirado del Congreso y reemplazado por su accesitaria.

Sin embargo, están pendientes el caso de Edwin Donayre (APP), ya con sentencia de prisión efectiva por robo de combustible mientras era general del Ejército; el de Wilbert Rozas (Frente Amplio), para que responda por el presunto delito de peculado en agravio de la Municipalidad de Anta (Cusco); y el de Edilberto Curro (Frente Amplio) por supuesta falsedad genérica en perjuicio de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Puno.

Otra que se está salvando es la fujimorista Betty Ananculí, quien afronta un proceso penal por la presunta falsificación de documentos públicos para usarlos en agravio del Estado. La dilación de estos casos, como lo fue la demora en la sanción a los legisladores Yesenia Ponce y Carlos Bruce, resultaría más que escandalosa, por lo que el Congreso debería acelerar estos procesos que, mientras no sean resueltos, dañan aún más la siempre alicaída imagen del Poder Legislativo.

La otorongada debe ser dejada de lado de una vez por todas en el Perú. Estos legisladores tienen que responder ante la justicia de forma inmediata, tal como sucede con los ciudadanos de a pie que no tenemos “inmunidad parlamentaria”, una figura que hace tiempo debió ser eliminada a fin de evitar que la ley siga protegiendo a personajes que tienen cuentas pendientes con la justicia, incluso desde mucho antes de convertirse en autoridades.

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