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La situación política en Honduras, por los escandalosos resultados electorales presidenciales del pasado 26 de noviembre, parece complicarse muchísimo más de lo que el gobierno de Juan Orlando Hernández creyó.

La frontal negativa de la oposición de reconocer la decisión del Tribunal Supremo Electoral, en el sentido de proclamar la victoria electoral del presidente J.O.

Hernández, podría llevar al país a un estado de crisis inmanejable, más aún cuando la OEA, a la luz de un proceso a la vista confuso y con serias dudas sobre su veracidad, acaba de recomendar, por la ausencia de certeza, la realización de unas elecciones.

Lo que no sabe el gobierno es que pronto volverá a arder la pradera en el país y esa circunstancia desencadenará una desestabilización que podría llevar a que el máximo foro político del hemisferio decida evaluar la permanencia de Honduras en el seno de la organización, de la que ya fue suspendido en 2009 al producirse el golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya.

El gobierno hondureño debería entender que en el momento en que nos hallamos de la sociedad internacional, los caprichos para mantenerse a cualquier costo en el poder ya no se sostienen. No contar con la legitimación social, que es fundamental para gobernar, será letal para cualquier régimen que quiera pasar por encima de la voluntad popular. Sin duda, es una situación muy grave la que está pasando a este país centroamericano, donde la fragilidad de sus instituciones políticas es sumamente visible, llevándolo a la deriva.

El candidato opositor Salvador Nasralla no se va a quedar de brazos cruzados, sobre todo cuando existe una montaña de evidencias de que el gobierno se habría valido de su poder e influencia para alterar los resultados y, con ello, colisionar el derecho y la democracia. La OEA no debería esperar más para advertir al régimen hondureño acerca de las medidas que podría adoptar en los próximos días si las autoridades de ese país no muestran ningún signo visible de corrección.

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