En la semana que viene, la presidenta Dina Boluarte cumplirá un año y cinco meses al frente del país tras la caída del golpista Pedro Castillo, que resultó tan inepto que él mismo se disparó a los pies luego de dejarse asesorar por pésimos abogados como Aníbal Torres y Betssy Chávez, al extremo que a los pocos minutos de su proclama inconstitucional ya estaba en la cárcel por dárselas de aprendiz de Nicolás Maduro y Daniel Ortega.
En un inicio de su gestión, ante los embates de la izquierda castillista, radical, violentista y contraria al Estado de derecho y el orden constitucional que disponía la sucesión presidencial tal como se dio el 7 de diciembre del 2022, quizá muchos peruanos creyeron que cabía apoyar a la nueva mandataria, y hasta pasar por alto su pasado de militante de Perú Libre y de ministra del impresentable de Castillo hasta pocos días antes del golpe. Era lo que había.
Sin embargo, casi año y medio después, la realidad es otra. Hoy no basta con haber reemplazado al peor presidente de nuestra historia, sino que se exige honestidad y una gestión eficiente, algo que no se ve mucho en el gobierno de una mandataria enredada en los chanchullos del hermanísimo Nicanor y que recibe relojes y joyas de un personaje dudoso como su “wayki” Wilfredo Oscorima, quien seguramente ante la presión judicial tendrá que decir la verdad sobre esos “préstamos”.
Tampoco lo notamos en un gobierno que da palos de ciego en la lucha contra la inseguridad ciudadana al poner y quitar estados de emergencia, y no plantarse al frente de una cruzada integral contra el crimen, el robo y la extorsión; que mantiene a la educación como una de las últimas ruedas del coche al apoyar a profesores desaprobados; y que tiene un sector Salud que no encuentra la receta para controlar el predecible dengue ni en Lima.
Si la mandataria pretende sobrevivir hasta julio del 2026, tiene que enmendar rumbos, actuar con transparencia y hacer un gobierno al menos medianamente eficiente que no se conforme solo con superar la valla tan baja que le dejó el golpista de Chota con sus ministros incapaces y ladrones como Juan Silva y Geiner Alvarado, colocados en cargos públicos como brazos extendidos del cabecilla de la banda que operaba desde Palacio de Gobierno.