Ya actúan con absoluto desparpajo. Como que quisieran que se conocieran sus actos para que funcionen como amenaza. Ayer en el Congreso se ha descubierto que se estaba espiando la oficina del congresista Víctor Andrés García Belaunde en el mismo Palacio Legislativo y que se grababa las conversaciones de la bancada del PPC en reuniones que sostenían en su oficina de coordinación parlamentaria.

Ya hace unos meses se había conocido de una situación similar, cuando se denunció que a la funcionaria del Congreso Patricia Robinson se le grababa sus conversaciones. Lo curioso es que todo esto sucede mientras Ana Solórzano ejerce la presidencia del Legislativo.

Un dato, que ya no resulta anecdótico, es que la congresista Solórzano ha sido presidenta de la Comisión de Inteligencia del Congreso en el 2012.

Los hechos se siguen sumando y, a pesar de ello, hay quienes aún dudan que es el gobierno de Ollanta Humala quien ha ordenado se espíe a la oposición, a empresarios y a periodistas independientes. Se han mostrado grabaciones, se han capturado a quienes estaban haciendo trabajos de observación -como en los casos de Rospigliosi y la primera vicepresidenta-, se han mostrado fotos de los autos que perseguían a los congresistas Salgado y Salazar.

La revista Correo Semanal ha mostrado primero material entregado por personajes del Gobierno donde se filmaba a Jorge del Castillo, Cecilia Tait y Natali Condori. Y la semana pasada ha presentado un documento oficial de la Sunarp donde se registra todas las veces, más de cien mil, que han buscado información desde la DINI.

A pesar de todo esto, la señora Jara se aferra a su cargo y hay congresistas supuestamente de oposición que prefieren mirar hacia otro lado. Todo esto tiene un feo olor a dictadura.