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Sería bueno conocer cuáles son las razones de las idas y venidas que ha mostrado en las últimas horas el Ministerio Público ante el destape de los audios que mostrarían actos de corrupción de jueces y de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pues lo visto últimamente da para pensar que algunos magistrados están tan desesperados por obtener más información de la que ya se conoce, que están dejando de lado varias leyes fundamentales.

La primera patinada la vimos el martes, cuando el fiscal Rodrigo Ruruch, enviado por la fiscal anticorrupción Norah Córdova, y cuatro policías ingresaron a la sede de IDL-Reporteros, en San Isidro, para obtener los audios que poco a poco vamos conociendo. Lo “extraño” es que el magistrado no contaba con una orden escrita para llevar a cabo la “diligencia”, que finalmente tuvo que ser suspendida. ¿Así trabaja el Ministerio Público?

Pero lo más surrealista lo vimos este jueves por la noche, cuando el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, jefe de Control Interno del Ministerio Público, pidió a los periodistas Gustavo Gorriti (IDL-Reporteros) y Rosana Cueva (Panorama) que digan “quién fue la persona que les entregó dichos audios, dónde, cuándo y a través de qué medios”. Reconozco que, cuando leí los documentos, creí que se trataba de una broma o de un meme.

La Constitución y las normas internacionales garantizan el derecho de los periodistas a mantener en reserva sus fuentes. No se trata de un capricho como algunos han estado afirmando por ahí. Es por eso que sorprende que un fiscal de la máxima instancia del sistema de justicia haya hecho tal pedido, el cual horas después tuvo que ser revocado. ¿No hubo en su despacho al menos un estudiante de derecho que le haga ver la aberración que estaba cometiendo?

Además, si el fiscal quería los audios obtenidos legalmente a través de la Policía Nacional, bien pudo pedirlos a los magistrados que ordenaron las interceptaciones del escándalo. ¿Cuál es el afán de algunos fiscales por reclamar las copias de los periodistas y además de exigirles, ilegalmente, que delaten a sus fuentes? ¿Por qué tanto amedrentamiento? Algo similar se vio en el Congreso en días pasados. No creo que sea un simple desconocimiento de las leyes.

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