El inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima y fundadora de IDL, Susana Villarán, acusada de recibir 11 millones de dólares en presuntos actos de corrupción, pone en evidencia un doble estándar en la administración de justicia.

En otros procesos, como el caso “Cócteles”, la Fiscalía ha imputado a todos los involucrados, desde los principales hasta los secundarios. Sin embargo, en el caso de las “Chalinas Verdes”, el grupo de implicados es sorprendentemente reducido.

Resulta hilarante la justificación de Villarán. Ella afirma que la operación fue manejada solo por ella y el fallecido José Miguel Castro, y que se “inmoló” para evitar que Lima cayera en manos de la “mafia Castañeda”. ¡Qué desprecio a la inteligencia popular!

Además, llama la atención que no se haya imputado a los actores principales de las campañas de la revocatoria y de la reelección: los jefes de campaña, parlamentarios, regidores, gerentes, funcionarios, actores y periodistas. Esta selectividad refuerza la percepción de que existe una intención de proteger a la cofradía progre-caviar.

Es lamentable que casi la totalidad de los acusados en este caso guarden estrecha relación con una conocida casa de estudios, percibida por algunos como un centro de adoctrinamiento del pensamiento woke en el país. Aquella narrativa inquisidora que difundieron por más de veinte años contra diversos políticos, ideológicamente contrarios a la agenda de izquierda, se desmorona. Esto revela que los falsos valores e ídolos de barro eran solo eso: personas con escasos principios, ética y moral.