El oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, a través de un memorándum, ha recordado ayer a los trabajadores de ese poder del Estado que está prohibido dar declaraciones públicas sobre asuntos relacionados al Poder Legislativo o sobre los legisladores que afecten su “imagen y dignidad”, en un aparente intento por silenciar denuncias sobre delitos e irregularidades que allí se cometen y que solo salen a la luz a través del trabajo de los medios o las redes sociales.
Se entiende que en el reglamento de un centro de labores se prohíba dar declaraciones a los servidores acerca de lo que ocurre adentro y sobre sus jefes. Sin embargo, eso tendría sentido en un ambiente donde reine la honestidad, la transparencia y las buenas prácticas con el manejo de los recursos. Pero en un Congreso que parece una guarida de “mochasueldos”, “niños” y brazos políticos de economías ilegales, quedarse callados convertiría a muchos hasta en cómplices.
Por ejemplo, ¿qué puede hace un trabajador que resulta asaltado por su jefe, nada menos que un congresista, que le pide parte de su sueldo, o que haga campaña política a su favor, o que compre un proyector de imágenes para el despacho, todo bajo amenaza de despido? ¿Podrá ir a quejarse en el área de Recursos Humanos que es manejada por Alianza para el Progreso (APP), semillero de varias “mochasueldos” y “joyas” de toda índole?
En lugar de pedir que tanto delito y tanta sinvergúencería queden escondidos bajo la alfombra, el oficial mayor, claro, con la autorización de la Mesa Directiva –un imposible si se tiene en cuenta que la preside un apepista–, debería crear mecanismos confiables, seguros, reservados y eficaces, para que los trabajadores despojados de sus haberes o que son testigos de contrataciones irregulares o demás perlas, puedan hacer denuncias sin ver comprometido su puesto de trabajo o hasta su seguridad personal.
Resulta “extraño” que este recordatorio se haya dado a los pocos días que el dominical Cuarto Poder denunció la contratación irregular en el Congreso de la hija de una asesora de la congresista de APP, Rosio Torres, antes señalada como “mochasueldos”. Mientras el Poder Legislativo tenga en su seno a gente dudosa, no se puede prohibir a los trabajadores recurrir al por ahora único canal confiable que tienen para que sus denuncias lleguen a buen puerto: los medios y las redes.