La réplica de las protestas de enero y febrero no fue de la dimensión ni con la convocatoria que se temía. Pero el gobierno no puede actuar como si no hubieran existido. Hay descontento con el Ejecutivo y el Legislativo cuando las carencias se extienden, el desempleo se generaliza y la economía se anuncia en recesión. Hay una agenda social urgente a ser planteada en los más altos niveles. El precio de no hacerlo es el drama que no podemos olvidar de Madre Dios, Puno y Cusco tomados por la violencia que ha dejado daños irreparables. Estamos en otra etapa, post Pedro Castillo, pero el discurso político no puede ser demagógico ni la gestión vacua. Hay urgencia de respuesta y capacidad, en un gobierno exigido para dar soluciones. Las protestas usan el abandono y las carencias de poblaciones enteras a las que orientan a la violencia y la destrucción. Una estrategia tóxica que se incuba si el Ejecutivo no activa con inversión, ayuda y capacitación para el desarrollo. Algo más imperativo en Puno que hasta ahora no se recupera de la influencia extremista y se aparta del jus imperium del Estado. No olvidar las enormes brechas sociales y el resentimiento de las mayorías por la injusticia social en que viven, sin educación ni servicios básicos, agobiados por enfermedades como el dengue y la tuberculosis que diezma familias enteras. La agenda social es urgente cuando la recesión amenaza como secuela de una pandemia pésimamente gestionada con manejos corruptos. Necesitamos de la inversión pública y privada pero no hay proactividad en el gobierno de Boluarte que parece creer que ya no hay agenda política y podría comenzar a hacer algo por la agenda social. Su permanencia no depende de lo que diga sino de lo que haga.