Impunidad vigente

Sería muy positivo para el país que ahora que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, está mostrando el ánimo de cambiar las cosas en el Poder Legislativo, haga suyo el proyecto presentado meses atrás por la ahora oficialista Patricia Donayre para acabar con la inmunidad de los congresistas, lo cual, en la práctica, no hace más que impedir que rindan cuentas ante la justicia por presuntos delitos comunes que nada tienen que ver con su función congresal.

Hace poco vimos la escandalosa salvada que dio el Congreso al legislador Richard Acuña, con lo que se impidió que sea procesado por falsificación de documentos en un caso en el que sí ha sido comprendida su hermana Kelly, quien podría acabar tras las rejas. La inmunidad parlamentaria no ha hecho más que crear intocables, ciudadanos VIP a los que la justicia no puede alcanzar. El caso del hijo de César Acuña es más que evidente.

Ahora tenemos el caso de los legisladores Héctor Becerril (Fuerza Popular), Marisol Espinoza (Alianza Para el Progreso) y Javier Velásquez Quesquén (APRA), vinculados con las azucareras lambayecanas, a los que no se ha podido procesar debidamente y con rapidez. Tengamos en cuenta que en el caso de los dos últimos un testigo ha dicho ante la Fiscalía que años atrás recibieron dinero en efectivo por apoyar una norma que favorecía al Grupo Oviedo.

Además, de otro lado, si desde hace varias décadas venimos teniendo un Congreso con algunas “figuras” que más parece que tuvieran prontuario en lugar de hoja de vida, para qué seguir con la figura de la inmunidad, que en la práctica se ha convertido en un blindaje para presuntos delincuentes y sinvergüenzas que tendrían que estar delante de un fiscal o un juez sin mayor pérdida de tiempo. Ahí está también el caso de la fujimorista Yesenia Ponce y sus mentiras.

Si Salaverry ha quitado gollerías a los salientes integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, ha cambiado al oficial mayor, ha sacado al cuestionado jefe de Seguridad y ha permitido que el auditor de las cuentas sea nombrado por la Contraloría y no por el Poder Legislativo, sería bueno que también impulse el proyecto de su colega Donayre, para ver si es posible eliminar la “impunidad parlamentaria”. ¿Se atreverá?