Cada día que transcurre, la sensación de indignación y descontento crece entre los ciudadanos. Es evidente que el Gobierno no está tomando medidas efectivas, si es que está tomando alguna, para que individuos como Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, sean capturados. Sorprendentemente, Cerrón ha estado prófugo durante más de un mes, mientras se pronuncia con impunidad sobre los acontecimientos nacionales. Este no es un caso aislado; otros personajes, incluyendo el exministro Juan Silva, los sobrinos de Pedro Castillo y exgobernadores regionales, también se burlan de la justicia al mantenerse en la clandestinidad.

La incapacidad del Gobierno y la Policía para dar con el paradero de estos individuos sentenciados o bajo investigación por corrupción plantea serias dudas sobre su eficacia en la lucha contra el crimen organizado y la consecuente aplicación de la justicia. La inacción del Estado refleja un desinterés preocupante que socava la confianza de la ciudadanía en sus instituciones gubernamentales.

A pesar de las promesas del ministro del Interior, Vicente Romero, de emprender una lucha efectiva contra la delincuencia, e incluso de presentar un nuevo grupo especial denominado Grecco (Grupo de Respuesta Especial Contra el Crimen Organizado), la percepción general es que el Gobierno carece de un plan sólido para combatir este flagelo. Los ciudadanos se sienten desamparados y desconfían de la voluntad del Gobierno de hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad pública.