Alberto Fujimori, elegido como “outsider” de la política, por amplios sectores de la población, fue presidente del país desde julio de 1990 hasta noviembre del 2000 cuando vergonzosamente renunció por fax desde Brunei, tras el escándalo de los “vladivideos” y la compra de votos de congresistas a cambio de fajos de dólares.

No se puede negar la captura de Abimael Guzmán, la derrota de Sendero Luminoso ni el control de la hiperinflación herencia del primer gobierno de Alan García. Sin embargo, esto no justifica la dictadura en que se convirtió, la permisividad frente a graves violaciones de derechos humanos: secuestros, ejecuciones extra judiciales, compra de conciencias, esterilizaciones forzadas; ni el altísimo grado de corrupción general que se vivió.

Detenido el 2005 en Chile, extraditado el 2007, fue juzgado y condenado a 25 años por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de asesinato con alevosía, secuestro y lesiones graves, tras ser encontrado culpable intelectual de las matanzas de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992.

El indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski el 2017 fue declarado nulo el 2018. Sin embargo, hace pocos días, el 17 de marzo, el Tribunal Constitucional declaró, con votos de Ferrero, Sardón y Blume y la dirimencia de Ferrero, fundado el hábeas corpus contra la anulación del indulto, por lo que Fujimori podría ser puesto en libertad

El Tribunal Constitucional de manera ilegal pretende desconocer que Fujimori es sentenciado por delitos de lesa humanidad y que el indulto es potestad presidencial, por lo que, en estos casos, sólo procedería el indulto humanitario por razones de salud extrema.

Los fujimoristas pretenden ahora que Fujimori salga libre de los graves cargos que afronta para presentarlo como perseguido político, aunque nunca solicitó perdón ni pagó la reparación civil.