El Pacto de San José de Costa Rica, tratado internacional referido a derechos y libertades ciudadanas que los estados se comprometen a respetar, aprobado en noviembre de 1969 y ratificado por el Congreso, fue promulgado con la Ley Nº 22231 de julio 1978 por el Gobierno de Francisco Morales Bermúdez.

Lo integran la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión con siete miembros promueve la observancia y defensa de los derechos humanos, puede formular recomendaciones a los gobiernos (Art. 34 y 41) mientras que la Corte con siete jueces elegidos por su más alta autoridad moral, juzga las denuncias que formulen los Estados o la Comisión, por violación de derechos humanos siendo sus fallos son definitivos e inapelables.

La Comisión ha emitido un informe de 296 cláusulas y 36 recomendaciones, sobre la “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”, efectuadas entre el 7 diciembre 2022 y el 23 de enero 2023, donde han muerto 57 personas, la mayoría con impactos de balas por el uso indiscriminado de represión.

A la versión preliminar el Gobierno peruano formuló 178 observaciones que fueron consideradas, sin embargo, ya hecho público, la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola, pretenden echarle la culpa a efectivos policiales y militares.

Afirman que el informe “en el caso del SO Soncco, héroe dela PNP que fue quemado vivo dentro de un patrullero, solo es mencionado como un hecho más… y tan solo se le dedica 10 palabras” ignorando que es mencionado seis veces y los peritajes e investigaciones iniciales del Ministerio Público manejan la hipótesis que fue muerto previamente, por móviles delictivos ajenos a las protestas y “su cadáver fue colocado” al costado del patrullero quemado.

El Gobierno no dice la verdad y está desperdiciando la oportunidad de asumir las recomendaciones y enmendar errores, de manera que empieza el recorrido para llegar a ser juzgados por la Corte de ser denunciados por la Comisión Interamericana de DDHH.