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Nicolás Maduro, el tirano de Venezuela, mandó detener al presidente de la Asamblea Nacional de su país, Juan Guaidó, luego de que el asambleísta se autoproclamara presidente de la República temporalmente y de que, como consecuencia de ese acto, hasta fuera reconocido como jefe de Estado por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, y algunos Estados de la región, como Chile, y de otras partes del mundo. Apenas ordenó la detención del líder opositor, sobrevino una avalancha de rechazos y repudios internacionales de todo calibre, condenando la decantada manifiesta intolerancia del dictador chavista; sin embargo, Maduro no es ningún tonto, pues temiendo una inmediata mayor reacción internacional contra su pseudo nuevo mandato, no solo lo mandó liberar a la hora de su reducción por el matonesco Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, sino que hasta decidió destituir a los policías que detuvieron al político opositor.

Guaidó, valientemente, se acaba de alzar como el nuevo líder de la oposición llanera y ha hecho exactamente lo que Nicolás Maduro no quería de ningún líder de la oposición, pues desde que recibió el poder de manos de su mentor Hugo Chávez, a fines de 2012, se ha dedicado a neutralizarlos como sucedió con Leopoldo López, actualmente con arresto domiciliario, y el excandidato presidencial Henrique Capriles, intimidado y dejado intimidar in extremis, respectivamente. Maduro no resiste a nadie que lo peche como alternativa y por eso lo reduce a cualquier precio. La pronta liberación de Guaidó es sintomática. Ha confirmado los profundos temores del dictador. En estos momentos que la crisis política se expone en el país es cuando las presiones contra el régimen deben aumentar en los frentes interno y externo. El tiempo juega su partido y los trabajos de inteligencia para derrocarlo, también. Los militares venezolanos democráticos, y la inmensa mayoría de los ciudadanos de este hermano país, deben tener presente que el artículo 350° de la Constitución de su país los ampara en el superior derecho de insubordinación para recuperar la democracia.