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Hace dos años el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, despojó a más de cien parlamentarios de su inmunidad. Antes, en la India hubo un gran debate sobre la inmunidad parlamentaria, ya que un tercio de los diputados enfrentaban juicios. Algo parecido sucedió en Brasil, donde tres quintas partes de los congresistas tenían cargos por diversos delitos. En tanto, ayer la Corte Suprema de Colombia envió a la cárcel a la senadora electa Aída Merlano por un caso de compra de votos.

El tema de la inmunidad parlamentaria es polémico en todo el mundo, y en el Perú en los últimos días es un asunto candente; incluso un grupo de congresistas presentó un proyecto de ley para derogar este privilegio.

En nuestro país, el descrédito del Congreso de la República se ha acentuado con las sentencias de prisión efectiva para los legisladores Benicio Ríos (7 años), Guillermo Martorell (5 años) y Zacarías Lapa (4 años). Sin embargo, no pueden ir a la cárcel porque gozan de inmunidad. Esto ha generado una sensación de desconfianza y rechazo de parte de la población, que estima que, más que inmunidad, los congresistas tienen impunidad. Para muchos, son intocables y pueden hacer lo que quieran.

El Congreso debe recomponerse ante una situación tan difícil y debatir este tema con seriedad. En esta tarea tiene que defender su independencia, pero también bregar para que los que cometen delitos sean expulsados de su seno con celeridad. Los congresistas deben actuar con decisión y coherencia frente al sistema al cual responden.