La inseguridad ciudadana se ha instalado en el país. El sicariato, la extorsión, modalidades como el “gota a gota”, narcotráfico, minería ilegal, trata de blancas y la prostitución, parecen avanzar en forma incontenible.

Una razón de la vigencia del Estado es su capacidad de brindar seguridad a sus ciudadanos, para el desarrollo social y económico sin miedo, con la certeza de una convivencia social posible y en paz.

La delincuencia está avanzando en razón inversa a la legitimidad del Estado y la fortaleza de sus instituciones, debilitadas por la actuación del Congreso con la venia del Ejecutivo.

Tenemos la “Ley Soto” que reduce los plazos de prescripción y otras que disminuyen los plazos de la colaboración eficaz, modifican los conceptos de organización criminal y establecen la realización de allanamientos en presencia del acusado y sus abogados, dificultan la incautación de explosivos de la minería ilegal, excluyen de responsabilidad penal a los partidos políticos y promueven la impunidad de exmilitares y terroristas autores de crímenes de lesa humanidad antes del 2002.

Combatir la inseguridad y la delincuencia necesita cambiar la práctica de nuestras autoridades o cambiarlas a ellas. Se necesita transparencia y capacidad, partiendo de respetar la división y el equilibrio de poderes, diseñar una política efectiva de inteligencia y de seguimiento para combatir la plaga delincuencial.

Un plan efectivo de seguridad ciudadana requiere promover la participación, movilización y colaboración democrática de la ciudadanía, como pueden ser las rondas urbanas, vecinales o campesinas. Se necesita respetar la movilización ciudadana, la que ha dado cara a la inseguridad.