Al 18 de marzo, según el Sistema Nacional de Defunciones del Perú (Sinadef), han ocurrido 475 homicidios, seis asesinatos por día, promedio que indigna y supera largamente los 3.6 asesinatos diarios del 2021. Cada año la cifra va en ascenso.

El sicariato, el crimen organizado y la extorsión avanzan peligrosamente en el país, con víctimas de un amplio espectro: transportistas, colegios, farmacias y bodegas, con repercusiones graves en el desarrollo de nuestra economía, pues desanima a inversionistas, y reduce el ingreso y el consumo, además de aumentar la migración de jóvenes en particular.

La ciudadanía está movilizándose y organizando su respuesta. Los transportistas paralizaron exitosamente reclamando mayor y mejor seguridad, y debaten un paro nacional para el 14 y 15 de mayo.

El combate de la inseguridad y la delincuencia necesita de inteligencia para estudiar, evaluar y detener a los grupos delincuenciales, además de reconstruir la organización democrática del país.

Construir institucionalidad significa respeto a la división de poderes, independencia, autonomía y mutua fiscalización, para poner fin a la penetración de la delincuencia en las instituciones estatales, empezando por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Es vital desarrollar la participación ciudadana en rondas urbanas, campesinas y vecinales movilizadas, exigir la rectificación del accionar de nuestras autoridades, ejercer nuestro derecho al voto en forma responsable y participar colectivamente en la vida social y política. No basta exigir. Es hora de participar para cambiar nuestras opciones de vida.