Opinión

INSISTO: POLÍTICOS, DECIDAN LA PENA DE MUERTE

COLUMNA: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MACKAY

05 de Febrero del 2018 - 07:00 Miguel Ángel Rodríguez Mackay

En mi columna del 2 de noviembre de 2017, intitulada “POLÍTICOS, DECIDAN LA PENA DE MUERTE”, a propósito del caso de la trágica muerte de una infante recién nacida luego de haber sido violada por su padrastro, conmocionando a la opinión pública del Perú, sustenté las razones jurídicas para que la pena de muerte, contemplada en nuestra Constitución para los casos de traición a la patria durante una guerra externa y terrorismo agravado, sea extendida para casos de violación sexual de menores de edad cuya consecuencia sea su deceso. Rápidamente surgieron los leguleyos y hablantines de siempre para decir que la medida sería una violación de los derechos humanos. Pasó el debate, nadie dijo nada más y el tema fue archivado socialmente por una sociedad muchas veces indiferente por rendirse en su persistencia. Ahora que acaba de suceder otro abominable asesinato, el de una niña de 11 años en San Juan de Lurigancho, que fue hallada calcinada -seguramente para que no quedaran huellas de lo que pudo haberle sucedido-, vuelve a ponerse en cuestión la fragilidad de nuestro sistema jurídico. Siendo la violación sexual un delito incuestionablemente superior en su manifestación vil y execrable, que destruye de por vida la integridad bio-psico-social de la persona humana, ¿por qué razón los congresistas siguen postergando su aprobación? Es una completa incoherencia que la invoquemos con pasión para un traidor o un terrorista y no para un violador que ha ultrajado a un ser humano indefenso que, aunque en este último caso no puede aún confirmarse, es lógicamente posible que eso haya ocurrido. Decir que no es viable aplicarla porque somos parte de la Convención Americana de DD.HH., que la prohíbe, es ignorancia jurídica, pues la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados contempla la denuncia de los convenios, es decir, la decisión de un Estado de retirarse soberanamente del instrumento. Seguimos en medio de muchísima demagogia y sin tomar decisiones.

============TEX CAPITULAR COLUMNA (66884157)============

En mi columna del 2 de noviembre de 2017, intitulada “POLÍTICOS, DECIDAN LA PENA DE MUERTE”, a propósito del caso de la trágica muerte de una infante de solo meses de nacida como consecuencia de haber sido violada por su padrastro, conmocionando a la opinión pública en el Perú, sustenté las razones jurídicas para que la pena de muerte, contemplada en nuestra Constitución para los casos de traición a la patria durante una guerra externa y terrorismo agravado, sea extendida para el caso de violación sexual de menores de edad cuya consecuencia sea su deceso. Rápidamente surgieron los leguleyos y hablantines de siempre para decir que la medida sería una violación de los derechos humanos y que, además, sería contraria al Derecho. Pasó el debate, nadie dijo nada más y el tema fue archivado socialmente por una sociedad muchas veces indiferente por rendirse en su persistencia. Ahora que acaba de suceder otro abominable asesinato, el de una niña de 11 años en San Juan de Lurigancho, que fue hallada calcinada -seguramente para que no quedaran huellas de lo que pudo haberle sucedido-, vuelve a ponerse en cuestión la fragilidad de nuestro sistema jurídico, donde nuestras autoridades no son capaces de tomar al toro por las astas y decidir su incorporación a nuestra legislación. Sigo preguntándome en voz alta: siendo la violación sexual un delito incuestionablemente superior en su manifestación vil y execrable, que destruye de por vida la integridad bio-psico-social de la persona humana, que el delito de traición a la patria y el de terrorismo, ¿por qué razón nuestros congresistas siguen postergando su aprobación? Es una completa incoherencia que la invoquemos con pasión para un traidor o un terrorista y no para un violador que ha ultrajado a un ser humano indefenso que, aunque en este último caso no puede aún confirmarse, es lógicamente posible que eso haya ocurrido. Decir que no es viable aplicarla porque somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que la prohíbe, es ignorancia jurídica, pues la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados contempla la denuncia de los convenios, es decir, la decisión de un Estado de retirarse soberanamente del instrumento. Seguimos en medio de muchísima demagogia, como sostener groseramente que la pena de muerte no disuade o que nuestra justicia no da confianza. 

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