Internet es una herramienta valiosísima en nuestras vidas. Nos permite conectarnos como ciudadanos, ejercer derechos, construir capacidades y mucho más. Por ello, no ha sido ajena a diversos intentos de regulación. En ese contexto, creo importante anticiparnos y establecer que nuestra Constitución reconozca como derecho el acceso a internet sin restricciones. Ese es el fundamento de mi último proyecto de ley.

La iniciativa legislativa 3607 no implica de ninguna manera obligación alguna para la gratuidad del servicio. Lo que busco es que existan garantías para recibir el servicio y, desde luego, deberes del Estado frente a esa obligación. Son dos las garantías que busco incorporar a la Constitución. La primera es una inclusión en el artículo 2.4 para “garantizar el derecho de acceso a un internet libre y abierto”; y, la segunda, en el artículo 14, a fin de “promover el acceso a internet y la formación en TICs en la educación”.

Este derecho ya se encuentra regulado en diferentes instrumentos legales, infralegales y políticas públicas. Su reconocimiento constitucional evitará que a través de normas de rango legal inferior, razones de orden público o de Estado, algún gobierno pueda limitar el acceso o la calidad de la conexión a internet. Ello es muy importante, pues como lo ha reconocido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, internet es la puerta que permite mejorar el ejercicio y tutela de otros derechos fundamentales, como son la libertad de información y de expresión, entre otros. Con esta reforma, evitaremos cualquier afectación al libre ejercicio de este importante derecho.