Próximo a cumplirse el primer mes de gobierno de Keiko Fujimori, se busca interpelar a los ministros del Interior y Defensa, general de división EP (r) César Astudillo y Rafael Belaunde, por responsabilidades sobre la escalada criminal y las medidas para contrarrestarla, además de la sospechosa financiación de campaña de Belaunde por persona vinculada a la minera Poderosa.

La extorsión y los asesinatos hacen que los transportistas debatan suspender sus actividades o protestar. La violencia contra sectores vulnerables es cotidiana, sin respuesta gubernamental clara.

La interpelación es un mecanismo de control político cuya conveniencia se define por la coyuntura política. Si el fujimorismo logró el Ejecutivo en su cuarto intento, esperábamos una mayor capacidad y planes para gobernar. Estamos en situación de emergencia por la criminalidad y El Niño que se avecina, sin adecuada respuesta del gobierno.

Fujimori y Luis Galarreta han dado mensajes generales, promesas de la primera obviadas por el segundo, ambos sin medidas de política concretas para enfrentar la crisis y empezar a gobernar. Solo coinciden en pretender entregar el control territorial a las FF.AA. sin aprender de errores pasados.

Para las FF.AA. su “finalidad primordial es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República”, mientras “La Policía Nacional… su finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno” (Arts. 165, 166 CPP).

Otras funciones para las FF.AA. resultan inconstitucionales, no están preparadas y terminarán en cacería de brujas, violando los derechos humanos y la organización popular.

Resulta necesario y oportuno interpelar a los ministros.

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