La inteligencia artificial y la tecnología suelen llegar a la conversación pública envueltas en promesas de velocidad. Pueden mejorar procesos y abrir negocios. Pero necesitan centros de datos, electricidad, conectividad, suelo y sistemas de refrigeración. Esa infraestructura se instala en algún lugar y depende de decisiones tomadas mucho antes de que llegue el primer servidor.

Ahí aparece una oportunidad para el Perú. Tenemos empresas dispuestas a invertir y territorios que necesitan nuevas actividades productivas.

El Estado debe sentarse con los inversionistas desde que se está eligiendo dónde y cómo invertir. Debe identificar cuellos de botella, ordenar prioridades y dejar claras las obligaciones de cada parte. Una empresa puede financiar instalaciones y adoptar tecnologías eficientes; el Estado puede dar reglas estables. Los gobiernos regionales y locales conocen las condiciones que ningún plano elaborado en Lima termina de mostrar.

Esa conversación necesita cifras y plazos. Cuánta energía hará falta, qué infraestructura deberá ampliarse, quién pagará cada obra y qué otras actividades compartirán los mismos recursos. Con esa información, una inversión deja de ser un anuncio y se convierte en una decisión que puede ejecutarse.

La productividad exige algo más que máquinas potentes. Crece cuando la tecnología encuentra energía confiable, personas capacitadas, proveedores locales y servicios capaces de aprovecharlas. Si queremos recibir las inversiones de la nueva economía, tendremos que construir juntos las condiciones para que funcionen. Y hacerlo antes de que las oportunidades elijan otro destino.

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