Jubilados y jubilados

En este país de tantas diferencias, tenemos extrabajadores como los que se mueren litigando contra ese monstruo de un millón de cabezas llamado Oficina de Normalización Previsional (ONP) para que se le reconozca una pensión de 500 o 600 soles; y también tenemos otros jubilados como Pedro Pablo Kuczynski, a quien le acaban de negar un permiso judicial para irse a atender de una dolencia cardiaca en la costosísima Clínica Mayo de Estados Unidos. La ironía es que durante sus largos periodos como presidente del Perú, titular del Consejo de Ministros y también ministro de Economía y Finanzas, Kuczynski jamás movió un dedo para desmantelar esa ONP casi criminal que gasta millones de soles en contratar estudios de abogados no tanto para lograr sentencias judiciales a fin de no pagar pensiones a los jubilados, sino para aburrirlos y esperar a que se mueran sin llegar a cobrar lo suyo. Y digo que es “lo suyo” porque son varios los casos de jubilados que se han dado el trabajo de persistir en sus demandas ante el Poder Judicial y han ganado incluso con sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para acceder al dinero que les negaba ese Estado cruel que, por otro lado, hasta es capaz de negar pensiones y viviendas básicas, como manda la ley, a viudas y a huérfanos de policías y de militares caídos en acción de armas. Si nos ponemos un poco numéricos y estadísticos, habría que ver cuántos jubilados han muerto en los últimos años litigando contra el Estado personificado en esa ONP que solía mandarlos a una empresa ya liquidada en los años 90 o a una perdida UGEL de provincias, para reclamar inexistentes copias de sus boletas de pago de la década del 70 a fin de reconocerles una pensión que no llegaba ni a una remuneración mínima. Seguro que las cifras serían de escándalo. Bien que el presidente Martín Vizcarra -a diferencia de su antecesor que ya vive su cómoda jubilación con posibilidades de atenderse en la Clínica Mayo y no en el Hospital Arzobispo Loayza como la mayoría de los que litigan con la ONP- haya puesto el dedo en la herida en su mensaje del 28 de julio y se haya comprometido a adoptar medidas para destrabar los procesos que impiden el pago de pensiones y que solo han servido para llenar de plata a decenas de estudios de abogados.