Hablar de una eventual alza del salario mínimo es jugar con las expectativas de la población. No solo por la cantidad en la que finalmente se incrementaría, sino también porque, con una tasa de informalidad por encima del 70%, la decisión de aumentarlo no afectaría a un elevado número de trabajadores en tal condición, ya que, en la informalidad, por lo general, se incumplen todo tipo de leyes, más aún las que generan costos adicionales para el trabajo. De acuerdo con un reciente informe de ComexPerú, en 2023, fueron alrededor de 7.6 millones de trabajadores en todo el país, entre formales e informales, los que reciben salarios mensuales por debajo de los S/ 1,025, de acuerdo con estimaciones de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), los cuales representan el 44.3% de todo el empleo a nivel nacional. Cabe mencionar que, del total de trabajadores que recibieron salarios menores al mínimo, 96.1% fueron informales. En el caso de Piura, fueron 580,735 trabajadores los que recibieron salarios menores al mínimo, lo que revela una tasa de incumplimiento del 51.6%, 7.3 puntos porcentuales por encima del nivel nacional. Así, la población, lejos de esperanzarse en incrementos de salario, debería demandar las condiciones para agilizar inversiones. El verdadero y único motor de crecimiento, de generación de empleo formal, de bienestar, es la inversión privada. Cualquier otro tipo de acción que no contemple la participación de la inversión privada, sería más de lo mismo, medidas populistas que poco o nada inciden en el ciudadano, y que, peor aún, alimentan el descontento. Es decir, se estaría jugando con las expectativas. Así, el rol del Estado, en sus tres niveles de gobierno, es asegurar condiciones de predictibilidad y seguridad jurídica, y promover un entorno competitivo en aras de la estabilidad del país.