Los acontecimientos del último viernes ponen de manifiesto la profunda crisis que atraviesa la institucionalidad en el país. La detención preliminar que el hermano de la presidente en funciones, nos demuestra que la política peruana se encuentra en un período de inestabilidad, caracterizado por una encarnizada lucha por el poder en los recientes años, lo que ha generado un clima de polarización y desconfianza en las instituciones. Las mediáticas detenciones han generado la certeza de que la judicatura, la Fiscalía y parte de la Policía estarían siendo utilizadas para fines políticos. Esta percepción en la población es preocupante y debilita el sistema democrático.

Queda patente la utilización del aparato técnico y logístico estatal para realizar escuchas, seguimientos e intervenciones. Es decir, fiscales, jueces y policías estarían actuando al límite de la legalidad —si es que no la han traspasado—, ya que resulta poco creíble que solo los opositores o personajes incómodos para la línea progre-caviar sean los únicos que reciben todo el peso de la ley. En un país donde tres de cada 10 peruanos viven en la pobreza, es imperdonable que parte de la clase política solo esté interesada en conservar o recuperar sus posiciones de poder para su propio beneficio, en lugar de estar planteando medidas para salir de este escenario pospandemia, posvizcarra y poscastillo.

En el marco del Día de la Madre, hoy deberíamos estar rindiendo homenaje a las madres peruanas por su esfuerzo y sacrificio para sacar adelante a sus familias día a día. Sin embargo, no hace falta ser un adivino o consultar al oráculo de Taulichusco para predecir que las próximas semanas estarán marcadas por un gran alboroto político, lo que perjudicará enormemente la economía de la Nación.