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Las regiones de Junín y Ayacucho se ubican entre las diez primeras con más casos de feminicidios en los últimos nueve años, según el Registro de Feminicidio del Ministerio Público. Este es un dato que refleja que en algunas zonas del centro del país las mujeres mueren estranguladas, acuchilladas o asesinadas a golpes por los varones. Ello no solo es repudiable, sino también condenable.

Desde enero del 2009 hasta diciembre del 2017, hubo 1053 víctimas en nuestro país; de estas, 122 son de Lima, 88 de Junín, 64 de Lima Norte, 62 de Arequipa, 52 de Lima Sur, 51 de Puno, 47 de Lambayeque y 44 de Ayacucho. Más atrás, se ubican Huánuco con 40 casos, Huancavelica con 19 y Pasco con solo 7.

El problema no es que solo subsisten estos crímenes, sino que se agravan. Solo en el primer trimestre de este año, hubo 43 feminicidios y 90 tentativas, cifras superiores al año pasado.

El Congreso de la República aprobó hace poco un proyecto de ley que modifica el Código Penal, en el que se incrementan las penas de hasta 30 años por feminicidios. Esta medida es importante para luchar contra dichos crímenes. Se necesitan también planes nacionales y regionales para mejorar la salud mental en la población, así como que los sistemas de justicia sean más efectivos y rápidos para darle respuesta a las denuncias de tantas mujeres agredidas. Existe una cifra que nos golpea a todos: el 28% de las mujeres asesinadas habían denunciado hechos de violencia y no les hicieron mucho caso.

Se necesita una cruzada nacional para reducir estos datos alarmantes. No bastan los eslóganes y los buenos deseos. Es cuestión de decidirse y actuar.