Es una lástima que la corrupción boyante surgida desde las alcantarillas del gobierno de Alberto Fujimori, y que estalló ante los ojos de los peruanos en los primeros meses de este siglo, no haya servido para dejarnos una lección, pues ahora, a menos de dos décadas de los hechos antes mencionados, somos testigos de una situación en algo parecida que implica a políticos y empresarios “top”, algunos de ellos ya con orden de arresto.

Bien que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen con energía sin tener en consideración otros asuntos que no sean los eventuales delitos que hayan cometido los personajes. La justicia debe ser igual para todos, y en Correo estamos convencidos de que su aplicación será la única forma de remediar en algo el golpe que significa para un país el ver hasta qué punto ha llegado el nivel de podredumbre, en que hasta es posible sobornar a un presidente de la República.

Estamos ante indicios muy graves que tendrán que ser esclarecidos ante el Poder Judicial una vez que se lleve a cabo el juicio oral contra los implicados en esta maraña de corrupción pocas veces vista en el Perú. El sistema de justicia debe actuar con total firmeza, y también con la celeridad necesaria para evitar fugas y “pérdidas” de información.

El caso “Lava Jato” no debe quedarse a medias bajo ninguna circunstancia. Esta es una oportunidad para que los peruanos veamos que pese a las críticas y a veces al escepticismo, aún existe la esperanza de que la justicia sí llega, caiga quien caiga.