La Comisión de Fiscalización del Congreso presidida por Edgar Alarcón de UPP, aprobó por mayoría, el lunes 12, recomendar la inhabilitación para ocupar cargos públicos del expresidente Martín Vizcarra por 10 años, con lo que quedaría fuera de la carrera al Congreso.

Se le imputa el integrar una organización criminal que habría capturado el Palacio de Gobierno para contratar personas de su entorno, como a Richard “Swing”, personaje de la farándula.

La corrupción se ha diseminado peligrosamente en los últimos años, amparada en un diseño constitucional de equilibrio de poderes deficiente y una modalidad de contratación del Estado de las obras públicas con el sector privado que lo propicia. La corrupción no es sólo del sector público, sino también de los particulares que la propician.

El combate a la corrupción, para tener credibilidad y legitimidad, debe ser impulsado por aquellos que no estén bajo sospecha de poseer antecedentes que los vinculen con ellas.

En el caso de la Comisión de Fiscalización del Congreso, la preside Edgar Alarcón, excontralor investigado por presunto enriquecimiento ilícito, compra y venta de 90 vehículos -negocio prohibido bajo su ejercicio como funcionario-, obtención del título de contador sin cumplir los requisitos exigidos y recepción de 2 millones de soles para no investigar la gestión de un alcalde, entre otros.

Conocida su pretensión y luego elección, diversas voces reclamaron por estarse colocando al gato en la despensa. Sin embargo, ni Alarcón presentó su renuncia, ni su organización política ha enmendado este error. Sin idoneidad para presidir esta comisión, los trabajos de la misma carecen de legitimidad, además de postergar casos importantes, para atender lo anecdótico.

Martín Vizcarra debe ser investigado, procesado y sentenciado, de ser el caso, por los órganos judiciales correspondientes.