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En pocos días se van a cumplir tres años desde que la constructora brasileña Odebrecht admitió ante la justicia de Estados Unidos que había sobornado a diestra y siniestra a abundante político impresentable y corrupto en América Latina, incluso en el Perú, para ganar licitaciones y mejorar sus ingresos. Sobre nuestro país, sus directivos dijeron que la cifra de pagos bajo la mesa llegaba a 29 millones de dólares. Hoy sabemos que el monto fue mucho mayor.

Desde ese momento e incluso desde meses antes, cuando era un secreto a voces que los brasileños venían rompiendo mano por todos lados, incluyendo a candidatos y presidentes en funciones, la indignación de los peruanos ha ido en aumento, al igual que la exigencia de que la mano de la justicia entre a tallar y alcance hasta al último de los delincuentes de cuello y corbata que se valieron de su postulación o de un cargo público para delinquir.

Nadie en su sano juicio, salvo los corruptos y sinvergüenzas, que hay muchos, puede estar en contra de que todos los “aceitados” por Odebrecht, OAS y otras empresas vayan con todos sus huesos a la cárcel. Sin embargo, el proceso ha tenido que hacerse y debe de hacerse en el futuro de acuerdo a ley, para que luego la necesaria lucha contra la corrupción no esté sufriendo reveses ni se esté desprestigiando por su politización o por sus excesos.

En otras palabras, si van a meter a la cárcel a los corruptos tal como se lo merecen por haberse llenado los bolsillos de plata sucia, métanlos bien, cumpliendo la ley y sin abusos ni apresuramientos para satisfacer a la plaza, a fin de que más tarde no tenga que venir el Tribunal Constitucional –como en los casos de Ollanta Humala y Keiko Fujimori– a rectificar los errores de fiscales y jueces que, además, implican graves violaciones a derechos fundamentales de las personas.

Es de esperarse que la sentencia del TC sobre Fujimori implique una revisión de la manera en que han venido trabajando fiscales y jueces a cargo del caso "Lava Jato", la cual ya debió darse luego del caso Humala y tras el Acuerdo N° 01-2019/CIJ-116 del XI Pleno Jurisdiccional de las salas penales Permanente, Transitoria y Especial de la Corte Suprema, que aclaró las condiciones para las prisiones preventivas. Esto es muy necesario para fortalecer la lucha contra la corrupción.