La reciente revelación sobre una intervención quirúrgica de la presidenta Dina Boluarte, realizada hace año y medio, ha puesto en el centro del debate no solo su falta de transparencia, sino también la aparente complicidad de quienes prefieren defenderla en lugar de exigir explicaciones claras. Ante las críticas, la presidenta ha optado por el ataque, calificando a sus detractores como “pobres de mente y corazón”.

El punto crucial no es la cirugía en sí, sino las implicancias constitucionales de no haber informado ni delegado temporalmente sus funciones al Congreso, como señalan varios juristas. Este silencio podría constituir una infracción constitucional y generar serias consecuencias legales y políticas para la mandataria. En lugar de asumir con responsabilidad el tema, el Gobierno ha recurrido a minimizar la controversia, respaldado por ministros que justifican lo injustificable.

El ministro de Salud, César Vásquez, por ejemplo, descalificó las críticas llamándolas “locuras” de quienes buscan desestabilizar el país. A su discurso se sumaron congresistas de Fuerza Popular, como Patricia Juárez, quien calificó el asunto de una “tormenta en un vaso de agua”.

Es lamentable que figuras públicas confundan la lealtad a una persona con la lealtad al país. La estabilidad democrática y la credibilidad de las instituciones demandan que estos hechos sean investigados. Minimizar la falta de transparencia en un gobierno, por más pequeña que parezca la controversia, es ignorar la importancia de la rendición de cuentas en una democracia.