La mayoría del Congreso, a excepción de la izquierda que nunca lo hará, está en la obligación de apoyar las iniciativas legislativas que buscan modificar la Constitución con el objetivo de impedir que sentenciados por terrorismo que hayan cumplido sus condenas, puedan postular a cargos por elección popular como los de alcaldes, regidores, gobernadores regionales, consejeros, congresistas o incluso el de presidente de la República.

Esta prohibición tan necesaria y pertinente existía desde 2018. Sin embargo, el actual Tribunal Constitucional (TC), demostrando que vive en una burbuja de inocencia, ingenuidad y legalismos absurdos, la declaró “inconstitucional” a pedido nada menos que de Alfredo Crespo, quien fuera abogado del carnicero Abimael Guzmán y pasara varios años en la cárcel para luego salir y ser parte del Movadef. ¿La prisión lo rehabilitó? Los ilustres tribunos creen que sí.

Los congresistas Lady Camones (Alianza para el Progreso) y Alejandro Muñante (Renovación Popular) han presentado proyectos para modificar la Carta Magna, a fin de que el TC no tenga de dónde cogerse para permitir que aquellos que planearon delitos, asesinaron, causaron lesiones graves, hirieron, secuestraron y pusieron coches bomba como miembros de bandas terroristas, puedan postular en cualquier elección.

Si han cumplido sus condenas, tienen derecho a rehacer sus vidas, pero es absurdo que pretendan ser autoridades de un Estado que ellos mismos han querido dinamitar. ¿Qué queremos? ¿Tener a Víctor Polay, a Martha Huatay, a un descuartizador de policías y asháninkas, o a cualquier otro asesino y petardero sentado en el Congreso o en el Palacio de Gobierno? La democracia y el Estado de derecho no tienen por qué ser “ingenuos” o “caídos del palto”.

El Congreso está en la obligación de generar candados constitucionales para impedir que los terroristas excarcelados, varios de los cuales han demostrado que nunca han sido rehabilitados, se burlen de los peruanos y participen en elecciones. Urge corregir el despropósito legalista de un TC al que le hace falta salir de los cómodos despachos, las bibliotecas y las aulas universitarias, para ver lo que ocurre en la realidad que golpea a los peruanos.

Absurdo que pretendan ser autoridades de un Estado que ellos mismos han querido dinamitar.


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