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El juez Richard Concepción Carhuancho ha señalado que cuando Odebrecht colocó dinero en campañas políticas lo hizo con el objetivo de ser favorecida por los partidos políticos a los que dio dinero. Estos favores se podrían concretar a través de obras en las que se vería beneficiada o a través de una fiscalización débil desde el Congreso.

El juez ha sostenido que existe una sospecha grave de que Keiko Fujimori participó en actividades delictivas relacionadas al lavado de activos. Las acusaciones son muy graves y los testimonios de los testigos protegidos son demoledores.

Las conversaciones vía Telegram de Keiko Fujimori, Pier Figari y los principales congresistas de Fuerza Popular demuestran que la lideresa de Fuerza Popular era quien tomaba todas las decisiones importantes en su partido. La sumisión de sus congresistas era total.

Concepción Carhuancho ha considerado también que desde la bancada fujimorista se tomaron decisiones que podrían haber interferido en las investigaciones en curso, como blindar a César Hinostroza y no tramitar las denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry. Pero la más grave imputación, y la base más fuerte para dictar la prisión preventiva, es la de perturbar la actividad probatoria y la labor de la justicia.

Se vienen tiempos muy difíciles para Keiko y para el fujimorismo, y se inicia una nueva etapa, en la que la justicia peruana debe demostrar ser imparcial e igual para todos.