Keiko Fujimori detenida

Es de esperarse que la repentina detención preliminar de Keiko Fujimori durante la mañana de ayer, junto a otras 19 personas de su entorno partidario -incluyendo a dos exministros del expresidente Alberto Fujimori-, sea el inicio -al fin- de la caída de la justicia sobre todos aquellos que en verdad están implicados en el caso “Lava Jato”, que hasta hace poco se vio paralizado por razones que ojalá sepan explicar aquellos que estuvieron a cargo de las pesquisas y de la Fiscalía de la Nación.

Aunque Keiko Fujimori no ha sido funcionaria pública -salvo en sus años de congresista en los que no manejó recursos, entre 2006 y 2011-, sin duda tiene mucho que explicarle a la justicia. Y si el Ministerio Público y el Poder Judicial han dispuesto su arresto por diez días con criterios similares a otras situaciones que hemos conocido, queda acatar la disposición de juez por pedido de un fiscal que tiene el caso en sus manos desde hace varios meses.

Al igual como se respetó la decisión judicial que mandó a prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, hay que acatar la resolución por la cual se ha detenido a la lideresa de Fuerza Popular. Además, se trata del mismo juez. Dicho esto, lo que llama la atención es la “suerte” que tienen otros implicados en los aportes de los corruptores brasileños, como el “bon vivant” de Alejandro Toledo, libre en Estados Unidos pese a las evidencias de la millonaria coima que recibió.

También está el caso de la exalcaldesa Susana Villarán y de alguien que casi nadie menciona: Anel Townsend, su jefa de campaña, que al menos debió haber preguntado de dónde salían los millonarios recursos destinados a evitar la revocatoria de marzo del 2013. ¿Y qué pasa con los apristas y los supuestos aportes dados a Luis Alva Castro?, ¿qué ocurre con los “pepekausas” y el dinero que les habría caído de los brasileños a través de Susana de la Puente?

La justicia tiene que actuar con firmeza ante los implicados, de todas las jerarquías, en este escándalo de corrupción que a veces parece ser dejado de lado por los políticos y por nuestro sistema de justicia. Si son inocentes, el Poder Judicial tendrá que pronunciarse y absolverlos. Pero si han delinquido, tiene que haber sanción para dejar atrás esa sensación de impunidad que vivimos los peruanos desde que a fines del 2016 la corruptora brasileña admitió su “generosidad”.