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El Poder Ejecutivo ha obtenido la confianza del Congreso por amplia mayoría para llevar a cabo las reformas propuestas, tal como lo había solicitado. Las dudas sobre la constitucionalidad de este pedido están sembradas y más adelante serán motivo de discusión. Sin embargo, lo que ha quedado muy claro es que la izquierda, tanto en el debate como en la votación, y con su marcha del martes, tiene como única agenda el cambio de la Carta Magna.

Al votar en contra de la cuestión de confianza con el confesado fin de que se cierre el actual Congreso y haya elecciones no solo para tener un nuevo Poder Legislativo sino para que se forme una Asamblea Constituyente, la izquierda ha dejado claro hacia qué apunta, aprovechándose de la inestabilidad política generada por el permanente enfrentamiento entre la Plaza de Armas y la Plaza Bolívar.

Lamentablemente tenemos una izquierda chavista y que hasta hace guiños a bandas armadas. Ahí está la suspendida Elena Foronda que contrató a una condenada por terrorismo y el otro legislador que en el debate de la confianza lanzó el grito castrista y luego emerretista de “patria o muerte”. Por ahí también se mueven un legislador que llamó “presos políticos” a los seguidores del asesino Víctor Polay y otros que tienen posturas tibias ante Sendero y el MRTA.

Esta izquierda peruana no ha evolucionado y se ha quedado en los años 70. La mejor muestra de ello es su postura ante lo que ocurre en Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Eso queremos? Bueno, el primer paso sería, en algún momento, un cambio de Constitución, como pregonan Verónika Mendoza, Marco Arana y compañía. Tristemente, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, se manifestó hace pocos días a favor de reimplantar el fracasado y corrupto esquema del “Estado empresario”.

Ahora queda ponerse a trabajar por las reformas planteadas por el Poder Ejecutivo, pero sin perder de vista a esa izquierda que no es poca cosa. Recordemos que en el 2016 por poco pasa a la segunda vuelta de la mano de la señora Mendoza, quien fue secretaria de Nadine Heredia cuando usaba polo rojo, soñaba con “la gran transformación” chavista y recibía dinero sucio de Venezuela y Brasil, según la hipótesis del Ministerio Público.