Ayer, mientras con el paso de las horas se iba conociendo la renuncia de algunos ministros, el Perú también recibía la lamentable noticia de que el número de fallecidos por la deflagración de Villa El Salvador llegó a 30. La larga y penosa agonía de estas personas, debe llevar a que el presidente Martín Vizcarra cumpla con su compromiso de atender a los afectados por esta tragedia.

En ese sentido, es positivo que el Poder Ejecutivo haya encargado al ministro de Defensa, Walter Martos, hacerse cargo de la situación. Nuestras Fuerzas Armadas cuentan con la capacidad necesaria de atender a personas afectadas, sin tanta burocracia ni pérdida de tiempo, tal como quedó demostrado en El Niño costero y en otras situaciones de emergencia.

Nada podrá hacer que los afectados superen el dolor de haber perdido a miembros de sus familias en esa tragedia que jamás debió suceder. Sin embargo, el Estado tiene por delante la gran responsabilidad de paliar los daños. Este hecho no puede ser olvidado ni dejado de lado, como suele suceder.

Mientras tanto, la justicia debe de actuar para sancionar a los responsables, por acción u omisión, de esta tragedia que no puede quedar impune. Estamos hablando de 30 personas, muchas de ellas menores de edad, que han muerto calcinadas y luego de un prolongado sufrimiento. Las cosas no pueden quedar así.