Todos estamos de acuerdo que las protestas son válidas. Es evidente que hay reclamos legítimos. Sin embargo, cuando entra a tallar la violencia todo se desvirtúa. La barbarie es indefendible.

En las últimas horas el país observa con pavor como algunos extremistas destruyen comisarías y sedes de instituciones públicas, incendian viviendas de gobernadores regionales y atacan aeropuertos para que queden inoperativos. Hay un  descontrol de algunos agitadores que reducen su discurso reivindicativo al terror y chantaje.

Ante ello, sería una mala señal del Gobierno ceder su autoridad. La única respuesta es combatir todo intento desestabilizador y cualquier manifestación de violencia, con la firmeza de la ley.

Seguramente seguirán las movilizaciones, con manifestantes que continuarán levantando banderas políticas contra Dina Boluarte y el Congreso para convertirlas en grandes imágenes de impacto para sumar gente a su causa. Lo único que se conseguirán es un país fragmentado y rumbo al colapso.

Está claro que no hay ninguna aptitud para la convivencia. La mandataria y su gabinete han manifestado su intención de diálogo, pero no ha obtenido respuestas de la otra parte. La realidad exige un consenso amplio de los principales actores políticos y sociales, sin embargo, hasta ahora ello es una quimera.

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