El nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento Nacional), Julio Borges, acaba de asumir el cargo con la espada desenvainada. Sabe que seguirle el libreto al régimen de Nicolás Maduro en realidad, a estas alturas del partido, es una completa pérdida de tiempo. Esta conclusión lo ha llevado a anunciar que en breve será el propio Parlamento, conforme a la Constitución llanera, el que decrete con tan solo una mayoría simple de sus miembros (84 diputados de los 167 que cuenta ese poder del Estado), el abandono de cargo del presidente de la República, Nicolás Maduro, al advertir, en concordancia con el artículo 233° de la Carta Magna venezolana, dicha prerrogativa política.

Una cuestión conceptualmente importante nos dice que para la consumación del referido abandono de cargo no es obligatorio que se produzca el abandono físico del despacho presidencial, sino más que eso, es decir, la inhibición o no del ejercicio de las facultades constitucionales. Pero quizás lo más trascendente dada su enorme carga jurídico-constitucional es que el abandono de cargo, como prerrogativa, solamente puede ser declarado por la Asamblea Nacional, actualmente en manos de la oposición, que en buena cuenta es la Mesa de la Unidad Democrática, la misma que está convencida que solamente de esa manera podrán acelerar la salida de Maduro del poder que retiene obstinadamente. El abandono de cargo supondrá un escenario que, bien administrado por la oposición, tendría que concluir con la caída del dictador chavista. Borges se convierte, entonces, en el primer presidente de la AN que sin más armas que la propia Constitución buscará que Maduro dé un pase al costado. El problema, que puede convertirse en una bomba de tiempo es que la reacción del gobierno podría ser, una vez más, altamente represiva.