Esta semana en el Congreso se aprobaron dos proyectos de ley controvertidos: El primero sobre la suspensión del pago de peajes, y el segundo sobre la liberación del 25% de fondos de las AFP. No dudo de la buena fe de quienes impulsaron y apoyaron dichas iniciativas, pero cuando uno legisla la buena fe no es suficiente (especialmente en materia económica). Se pueden seguir objetivos nobles, pero actuar de manera que el resultado sea completamente opuesto a lo buscado.

Todos estamos de acuerdo con que en un contexto actual lo justo y prudente es que se suspendan los peajes. ¿Quiénes están llamados a impulsar esa suspensión? Las entidades que firmaron los contratos de concesión. Suspenderlos mediante una ley vulnera los contratos firmados y expone al Perú a una demanda millonaria donde tenemos todas las de perder. Lo responsable es actuar conforme al marco legal para evitar que recursos que deberían utilizarse en servicios públicos terminen siendo empleados para pagar indemnizaciones.

Similar panorama ocurre con el tema de las AFP. Se quiere beneficiar a los ciudadanos, pero se aprueba una iniciativa, que va en contra de la opiniones de las entidades más autorizadas sobre la materia (Ministerio de Economía, Banco Central y SBS), sin que pase por la Comisión de Economía, y sin un debido análisis de impacto regulatorio.

Hoy quienes impulsaron estas iniciativas cosechan el aplauso fácil. ¿Será igual en algunos meses cuando las consecuencias económicas empiecen a sentirse en el bolsillo de todos? La buena fe debe venir acompañada de evidencia y de debates a profundidad que nos permitan alcanzar con efectividad el bien común que todos buscamos.