Las principales autoridades del país representan a la mayoría de peruanos que las eligieron y, también, a quienes optaron por otras personas de su preferencia. Por lo tanto, la calle manda en la voz de sus elegidos, nos guste o no, aunque a veces es irracional.

La calle es ese accionista mayoritario de una gran empresa llamada país, que elige a un directorio para que represente los intereses colectivos y tome decisiones correctas, más racionales de las que pueda asumir la masa comunitaria.

Un primer problema se suscita cuando ambos fallan, tanto los accionistas como el directorio, lo que puede devenir en la quiebra de una Nación. Uno desoye al otro y se transforma en desacato generando una reacción descontrolada.

La calle le ha tomado el pulso al Congreso y al Ejecutivo, y sabe que tiene el poder, que no ve más con ojos debilitados a la autoridad. Pero, el segundo problema es cuando el accionariado decide de manera irracional, sin más argumentos que la generación del caos.

Por ejemplo, en Chao, al sur de Trujillo, un grupo de pobladores tomó la carretera, aún sabiendo que ya se ha cumplido con la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. Esto se subsanó horas después, pero fue un indicio de descontrol que causa seria alarma. ¿Qué vendrá después?

El principio de autoridad no debe confundirse con el abuso, pero tampoco el derecho a la protesta puede transformarse en anarquía. Ambos extremos solo terminarán hundiendo al país en el completo desorden, lo que no le conviene ni a la calle ni a sus representantes.