Una cosa es tener como premier a un señor de la tercera edad cascarrabias y boca suelta que a veces puede resultar hasta divertido en medio del drama que vive en país, y otra muy distinta y preocupante es venir a descubrir que este señor, desde el cargo más alto del Poder Ejecutivo después del de presidente de la República, pretende destinar los recursos públicos de acuerdo a sus simpatías o rechazos políticos, como si la plata fuera suya y el Estado su chacra.

Esto se desprende de la denuncia formulada por la saliente jefa de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ximena Pinto, quien ha señalado que el premier Torres, por cuestiones políticas y de rechazo a medios críticos al precario gobierno que integra, no quería poner publicidad en canales de televisión que de acuerdo a su alcance, frecuencia y credibilidad, sí debían emitir las campañas que realiza el Estado a través de  diversos estamentos.

Pero esto no parece ser una idea del premier Torres, sino del propio presidente Castillo, quien tiempo atrás salió en una plaza pública afirmando que “no daría un centavo” por publicidad a los medios críticos a su gestión. En esa oportunidad, el mandatario dejó en claro que en su gobierno los recursos públicos se dan solo como “premio” a canales, diarios, radios y portales que lo tratan con guantes de seda, cuando existen criterios técnicos muy específicos para tal fin.

El presidente Castillo y su premier deberían saber que la plata del Estado no es para premiar a los medios “amigos” ni castigar a quienes en uso de la libertad de expresión consagrada en la Constitución, critican a este o cualquier gobierno. El único propósito de la publicidad estatal debe ser informar de las acciones que adoptan las entidades públicas que benefician al ciudadano, como son campañas de vacunación, entrega de bonos, inicio del año escolar y demás.

Los tiempos de los dictadores y dictadorzuelos que llegaban al poder para hacer con los dineros públicos lo que les daba la gana, ya quedaron en el pasado. Hoy existen normas, reglamentos y sistemas de control que no pueden ser pasados por alto, pues hacerlo puede constituir un delito. Acá el Congreso, la Fiscalía y la Contraloría tienen mucho que investigar. Es un peligro que gente que repartir la plata como la da la gana, esté al frente de las arcas públicas.