La reciente quema de un bus de la Línea P en la capital, tras la extorsión sufrida por sus choferes, es un claro reflejo de la creciente ola de delincuencia que azota a nuestro país. La situación se agrava aún más con la decisión de otra empresa de transporte en Lima de suspender las actividades de sus 120 buses, ante las amenazas de la banda “Los Injertos del Cono Norte”, que exige 6 mil soles mensuales para permitirles operar.

A pesar de los estados de emergencia y las promesas del Gobierno, la delincuencia sigue ganando terreno, dejando a la población en un estado de vulnerabilidad y desamparo. Según una encuesta de Datum, el 86% de los peruanos considera que el Ejecutivo carece de una estrategia efectiva para garantizar la seguridad ciudadana. Además, un alarmante 74% opina que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debería ser destituido. Estas cifras no solo reflejan la desconfianza en las autoridades, sino también el clamor de una ciudadanía que se siente desprotegida.

La criminalidad no solo afecta a los transportistas; su impacto se extiende a comerciantes, emprendedores y ciudadanos en general. Es inadmisible que aquellos que luchan por ofrecer lo mejor a sus familias se vean arrastrados a la quiebra por la acción de la delincuencia, y aún más doloroso es el silencio y la indiferencia del Estado, al que contribuyen con sus impuestos con la esperanza de recibir, al menos, seguridad y justicia.