El ambiente político no pierde su intensidad. Mientras al expresidente Alejandro Toledo se le negó su pedido de libertad bajo fianza, a Keiko Fujimori se le rebajó a 18 meses su prisión preventiva. Ambos seguirán detenidos por sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht. Son dos casos que han generado revuelo desde hace algún tiempo, pero principalmente han posibilitado que la gente no confíe en la clase política.

A propósito de Odebrecht, se ha conocido en los últimos días que hay más pagos ilícitos de la empresa brasileña a “codinomes”. Además se ha sabido que apoyó económicamente a candidatos al Congreso y a los gobiernos regionales entre el 2010 y 2011.

Indudablemente, todo está en materia de investigación y el mismo Barata en reunión con los fiscales peruanos, entre el 2 y 4 de octubre próximo, deberá aclarar de qué se trata y quiénes son los nombres de los personajes encriptados en un “codinome”. Por estas circunstancias, ya no es tan desconcertante admitir que buena parte de la clase política está bajo sospecha.

Con todos estos destapes, los niveles de información de la población sobre la política nacional se han elevado y de esta forma hay un discernimiento claro que permite llamar las cosas por su nombre.

Todos sabemos que la corrupción no solo es un asunto de valores, sino principalmente es un tema delincuencial. El procurador Amado Enco calcula que el perjuicio económico al Estado por esta lacra es de 12 mil millones de soles. Eso, en un país con tanta pobreza es sencillamente criminal.