La coima (de Odebrecht) no paga

El acuerdo firmado entre la Fiscalía y Odebrecht no solo provocará insomnio a más de un funcionario o exfuncionario público, como sugiere el presidente Martín Vizcarra, sino que también sacará de juego a varios políticos que, aun estando embarrados hasta el cuello, pretenden inscribir su nombre en las elecciones generales del 2021.

Dicho de otro modo, el acuerdo de colaboración eficaz firmado por el Equipo Especial Lava Jato -encabezado por los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez- y la constructora brasileña significará necesariamente la partida de defunción política de los implicados, que como sabemos son expresidentes, jefes de partidos, una exalcaldesa y un exgobernador.

Y gran parte de la población aplaude la gestión de los referidos fiscales precisamente por esto: porque están chocando sin miedo alguno con los peces gordos de la corrupción, y la investigación en curso, ahora sí con pruebas tangibles, permitirá una profilaxis en la clase política nacional, tan venida a menos en las últimas décadas.

El miedo a ser procesados y luego ir a prisión ha derivado en contubernios demasiado evidentes, como los que hemos visto en el Congreso. Por ejemplo, ¿cómo se explica la patente de corso de la que goza Pedro Chávarry, el exfiscal de la Nación que todavía no termina de marcharse del Ministerio Público?

El país ya se merece otro destino, y encontrarlo pasa primero por limpiar el sendero sucio que nos han dejado los últimos gobernantes y funcionarios de uñas largas que ahorita deben estar temblando debajo de la cama.