Una de las principales razones del bien merecido desprestigio con que se despide el Congreso elegido en 2021 está en que la Comisión de Ética Parlamentaria, en teoría encargada de sancionar a los legisladores que han cometido actos reñidos con la moral y e incurrido en delitos que luego debían ser investigados por el Ministerio Público, se convirtió en una “lavandería” bajo el infame lema de “otorongo no come otorongo”.

Allí llegaban casos gravísimos de “mochasueldos”, venta de votos, nombramientos indebidos, apropiaciones ilícitas, abusos, alabanzas a grupos criminales, loas a terroristas y demás, lo que en su mayoría fue pasado por agua tibia para indignación de la gente que ha sido testigo de cómo los legisladores se han blindado entre ellos a cambio quién sabe de qué.

Esto no puede volver a suceder en el nuevo Congreso bicameral. La Comisión de Ética como la conocemos hasta ahora, debería desaparecer para dar paso a otros mecanismos, esta vez sí efectivos, honestos y oportunos, para sancionar a los sinvergüenzas y delincuentes que lamentablemente solemos elegir cada cinco años.

Si los senadores y diputados que acaban de recibir sus credenciales no se ponen a trabajar desde un inicio para cortarle la cabeza en una a los que violen la ética, la Constitución y el Código Penal, y merezcan ser sancionados incluso con cárcel, después no se quejen cuando la gente les exprese su repudio en las calles.