Opinión

LA COMISIÓN DE VENECIA VISTA JURÍDICAMENTE

COLUMNA: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MACKAY

05 de Septiembre del 2019 - 07:00 Miguel Ángel Rodríguez Mackay

Se habla mucho de aquello a lo que está abocada la Comisión de Venecia (CdV), pero poco o nada sobre qué es, desnudándose que el problema central sea desconocer o confundir su origen, surgiendo errores o deformaciones conceptuales imperdonables. Lo voy a explicar. Precisemos, antes, que la CdV es un órgano del Consejo de Europa, que es una entidad de cooperación internacional no gubernamental. No debe ser confundida con el Consejo Europeo ni con el Consejo de la Unión Europea, que son instituciones de la Unión Europea. Su carácter es de entidad PRIVADA, mientras que las otras dos son PÚBLICAS, aunque los tres inciden en la cuestión europea -gobernabilidad, democracia- como bloque. Ya sabemos que la CdV emite opiniones consultivas y por tanto que no son vinculantes u obligatorias, pero lo que no se sabe o no se dice es que, tal como refiere su propio texto constitutivo, “… generalmente sus recomendaciones acaban recogidas en la legislación afectada…”, o sea, penetran en el derecho interno. Algunos constitucionalistas afirman que tratándose de una opinión versada “solo tiene un peso doctrinario”, olvidándose que la doctrina es una fuente del Derecho, es decir, un método para crear Derecho, por lo que la doctrina terminará siendo vinculante según el caso concreto, salvo que alguien crea que existe jerarquía entre las fuentes del Derecho y sostenga erradamente que la ley es más importante que la costumbre, los principios generales del Derecho, la jurisprudencia o la doctrina. Si el presidente del Congreso (PODER PÚBLICO) requiere una opinión de la CdV (ENTIDAD PRIVADA), lo más probable es que, si esta concluye conforme con su parecer, la hará suya volviéndola referente y, por tanto, ilustradamente relevante para la toma de una decisión parlamentaria. ¿Será, entonces, jurídicamente correcto que un pronunciamiento privado externo no vinculante sea asumido como fuente del Derecho por un poder público del Estado? No. ¿Será referente hermenéutico o interpretativo de la Constitución, la mayor norma jurídica del Derecho interno de un Estado, una opinión consultiva privada internacional?. No. La OEA no tiene soberanía, atributo exclusivo del Estado, y por eso no se ve impactada al requerir opiniones consultivas a entidades privadas. El Estado lo hace ante instancias supranacionales cuyas opiniones algunas veces pueden tener innegable carga jurídica.

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